“Estados Unidos no tiene amigos, sólo intereses”, es una sentencia pronunciada por el Secretario de Estado del mitificado Dwight Eisenhower, John Foster Dulles. Se recuerda hoy ella, más que nunca, porque debería ser ya toda una institución consolidada en las relaciones internacionales, un prisma por medio del cual descifrar el voluble comportamiento de la potencia hegemónica de nuestros tiempos. En el caso Odebrecht, por citar uno ampliamente recordado, desestabilizador de gobiernos a lo largo y ancho de América Latina, la comunidad política y periodística de la región ha visto en el accionar del Departamento de Justicia del vecino del norte no a un imperio en ciernes luchando por sus intereses, sino a un amigo desinteresado en aras de ayudar.
“Estamos frente a un muro de legislación estadounidense extremadamente complejo, cuya intención precisa es utilizar el derecho con fines de imperium económico y político, con la idea de obtener ventajas estratégicas y económicas”. La frase, pronunciada por el diputado francés Pierre Lellouche en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Finanzas de la Asamblea Nacional de París, es la cita con la que inicia el escritor Jean-Michel Quatrepoint su cabal explicación de cómo, desde los años setenta, se ha venido creando un arsenal jurídico de inmenso poder en nuestro vecino del norte, puesto al servicio de sus grandes corporaciones, a través del que se multa, acusa y destruye a sus competidores, quienes a raíz de esas acciones judiciales terminan en bancarrota y adquiridos por empresas norteamericanas.
En 2005 el Departamento de Justicia dio inicio a una causa en contra de Alcatel, empresa francesa de telecomunicaciones que mostraba avances tecnológicos importantes, los que le permitían venir quitando mercado a su competidor norteamericano, Lucent. Consecuencia de un caso de corrupción acaecido en Costa Rica y Honduras, el departamento de los Estados Unidos obligó a la compañía europea a pagar 137 millones de dólares, viéndose forzada a fusionarse, después de pagar la sanción y quedar en pésima situación, con su competidor estadounidense. En un hecho diciente, capaz de sustentar lo acá propuesto, Lucent sería declarada culpable unos años más tarde por unos cargos muy similares a los de su contraparte francesa, por prácticas corruptas en China, pero tan solo se vería obligada a pagar multas por 2.5 millones de dólares.
Misma estratagema está a la ya analizada por el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en su clásico «El malestar en la globalización», donde vierte una hipótesis, encuadrada por él autor dentro del género de la conspiración y que explicaría las tremendamente erráticas políticas del Fondo Monetario Internacional en su “rescate” y “ayuda” a los países del sudeste asiático durante la crisis financiera de 1997. De la lectura del libro se entiende que, para los asiáticos, todo fue un elaborado plan para afectar sus economías, devaluar sus empresas y adquirir estas últimas por capitales occidentales; frenando así, a su vez, el descomunal crecimiento presentado por el Lejano Oriente, quien se mostraba, desde aquellos días, como un firme competidor de Estados Unidos.
Acorde a lo dicho por la periodista mexicana Cecilia González, el 40% del dinero de la droga está en Estados Unidos, principalmente en los bancos, instituciones a las que hasta ahora por prestar este servicio solo se les han impuesto multas, siendo la más grande la aplicada a una corporación británica. Patética situación que indigna cuando se contrasta con una dolorosa realidad: mientras en el sur, con las “ayudas” dadas por el coloso del norte se persigue cualquier consignación a una cuenta bancaria y se derraman ríos de sangre luchando contra los carteles; en el principal promotor de la “guerra contra las drogas”, como bien lo sustenta la producción de Netflix “Ozark”, el dinero proveniente de ese crimen permite el rescate bancario de 2008 y mantener a flote la economía.
Según relata Oliver Stone en su filme “Snowden”, basado en los libros de Anatoly Kucherena (The Time of the Octopus) y Luke Harding (The Snowden Files), la expansión masiva de la NSA, capaz de interceptar la gran mayoría de comunicaciones en el planeta y que se presenta en medios como una “ayuda” a sus aliados en la lucha contra el terrorismo, no tiene otro objetivo que la recopilación de información de tipo económica y confidencial, buscando con ella otorgarle una mejor posición negociadora a Estados Unidos en los escenarios de firma de Tratados de Libre Comercio y foros como el G7.
En ese contexto es en el que debe estudiarse lo ocurrido con Estados Unidos y Odebrecht. Aunque bienvenido el haber podido desmembrar esa multinacional del crimen público por el accionar de las instituciones extranjeras, como bien lo señala el escritor Carlos Gutiérrez: “no es extraño, por tanto, que una multinacional como esta disponga de toda una sección (…) dedicada a la diplomacia del dinero. No debe ser muy distinto en el conjunto de multinacionales y de otras grandes empresas, batidas como fieras por obtener ingresos en todos los continentes”. Odebrecht no es una excepción en su actuación, a pesar de haber sido presentada como una rareza en el mundo de la contratación internacional. Indicaría todo que el trabajo por parte de las autoridades judiciales de Estados Unidos, no tendría otro fin que la eliminación de un competidor de sus empresas constructoras, arrebatándole su posición cómoda en la región a la multilatina brasileña. No sería algo nuevo, pues solo basta recordar a Collin Powell explicando en el Congreso de los Estados Unidos que el ALCA era un acuerdo comercial diseñado “para que las empresas de su país pudieran hacer más negocios en el continente”.
Probablemente, parece válido arriesgarse a especular, se inundará nuestra región de compañías norteamericanas de construcción similares a aquellas que, antes de su país invadir Irak bajo comprobadas falsas premisas, estaban luchando por ganarse los contratos de reconstrucción de la infraestructura que iba a ser desmantelada por la invasión del presidente Bush. Acción militar hoy denominada por personalidades como John McCain y Bernie Sanders como el peor error de política exterior en toda la historia. Desde esta nueva perspectiva, seguramente no lo es.
América Latina está obligada a crear una asociación con los Estados Unidos. Ha sido, es y será así mientras vivamos en una civilización como la actual. Además de necesaria, es deseable. Pero estamos obligados a entender en qué terreno estamos jugando. Nuestro vecino del norte vela, con mucho celo y feracidad, sus intereses. Debemos actuar en concordancia. A pesar de su discurso del librecambio y neoliberalismo, los norteamericanos resguardan sus empresas a través de leyes (la compra de Moneygram por Alibaba detenida por el Departamento del Tesoro), tienen un Estado fuerte que interviene en la economía (el rescate a Wall Street en 2008) y un Banco Central que participa masivamente en el crecimiento (la FED tiene por mandato luchar contra la inflación y el desempleo, mientras que todos los bancos centrales del mundo solo se enfocan en el primero).
Hoy, con un presidente norteamericano abiertamente xenófobo como Donald Trump y con una vibrante época de importantes cambios en el ambito global, se abre una oportunidad para replantear unas relaciones con nuestro vecino del norte, que sean ampliamente favorables para los dos. Tenemos economías complementarias, con enormes capacidades de integración y posibilidades inmensas de expansión. Pero el ejercicio hecho acá demuestra un patrón de comportamiento muy marcado por Estados Unidos, quien en esta era multipolar ha visto crecer poderosos enemigos a su hegemonía en Asia, teniendo como respuesta el mandar a los tiburones del Departamento de Estado a negociar buscando el todo a cambio de nada.
«Estados Unidos no tiene amigos, sólo intereses»
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