¿Mejor con un presidente empresario?

La historia entrega hechos fácilmente convertidos en realidades contundentes. He aquí uno: un empresario no se lanza a la toma del gobierno para hacer más rico a todo el país, se lanza a la presidencia de su república para enriquecerse más a sí mismo. Cuando funda su compañía no lo hace con la intención de acaudalar a sus trabajadores; sino con la clara misión de que ellos incrementen su fortuna. Y así, se entiende, se transforma en político para aprobar las leyes necesitadas para la expansión de sus empresas, sus negocios, sus inversiones; siendo su deseo el que ahora no solo sea su nómina, sino la totalidad de la nación, quien incremente su opulencia.

Karl Marx, el gran observador, entendía que lo palmario no tenía por qué concatenar con la realidad. Las portadas, en las áreas sociales, especialmente en las económicas, no sirven para juzgar el contenido del libro. «Si las apariencias fueran suficientes, la ciencia no sería necesaria», sentenció alguna vez el gran filósofo alemán. En Colombia, y en general en el mundo moderno, el corporativismo internacional ha sabido incrustar en las mentes de las mayorías, con mucho éxito, una idea que se explaya como un virus entre los votantes, una cuya simpleza no engaña ni por un segundo a los letrados, pero que se vislumbra sólida frente a los más incautos. Se trata de aquella falacia insinuando que los grandes empresarios son, por definición, grandes gobernantes públicos. El esquema propagandístico detrás del bulo es uno encadenando ideas muy sencillas: si conoce los secretos, él o ella, sobre cómo administrar una corporación con éxito, posee también la fórmula para dirigir un gobierno, siendo consecuente que, si como empresario se hizo, él o ella, pudiente, como gobernante hará acaudalada a toda la nación.

La inocencia con la que los electores aceptan tan ridícula premisa es a veces enternecedora, a veces preocupante; pero nunca deja de ser patética. Que sea la historia quién dictamine la veracidad de los hechos. El primero de esa estirpe en la era actual fue el magnate italiano Silvio Berlusconi. Il Cavalieri cautivó a sus desprevenidos electores y los convenció de concederle su voto con un discurso simple: él tenía ya “mucha plata» y no necesitaba la riqueza del Estado, ergo, durante su gobierno no habría el más mínimo indicio de robo del erario público y su excelente gestión permitiría a Italia avanzar. Así como enriqueció a sus muy reconocidas corporaciones, enriquecería su Estado, según los miembros de sus filas. Las promesas del candidato se transformaron en condenas del mandatario al final de su gestión, pues no sólo no enriqueció el ente público, sino que además lo estafó: fue declarado él culpable por los tribunales italianos de corrupción y fraude fiscal.

Silvio Berlusconi
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¿Por qué codician el Estado sus denigrantes?

Los dueños del neoliberalismo aman el Estado. Lo desean en exclusivo para ellos. Sus voceros más fervientes lo detestan; pero terminan siempre en sus garras, efectuando leyes y políticas públicas a favor de esos poderosos magnates. Es imposible tener pruebas de una conjugación de fuerzas detrás de bambalinas; pero parafraseando a uno de los defensores del modelo neoliberal/libertario más reconocidos de Brasil, el juez Sergio Moro, con tener certezas es más que suficiente.

«El Estado no es la solución, es la base de todos los problemas que tenemos». «En mi mundo ideal no existe el Estado». «El Estado es nuestro enemigo». Las frases, incendiarias, extremistas, irresponsables, son exclamaciones declamadas reiteradamente a lo largo y ancho de diferentes países, espetadas por variopintos personajes que en su diversidad comparten un objetivo: son todos aspirantes a ocupar un cargo… dentro del Estado. Aunque las citadas provienen de la voz y pluma de Javier Milei en Argentina, electores de Jair Bolsonaro, Donald Trump, Iván Duque o Santiago Abascal las escucharon en casi idéntica forma, en cada uno de sus países. Y no deja de ser llamativo que tales figuras, todos prohombres del sector privado, no presenten sus hojas de vida a los grandes conglomerados financieros o industriales, ese espacio donde la civilización alcanza el nirvana (según sus propias creencias), sino que, por el contrario, estén dispuestos a todo por pertenecer al sector que consideran la perdición de la humanidad.

La contradicción es llamativa. Javier Milei, en Argentina, juzga y sentencia con contundencia y regularidad al servidor público no en su individualidad, sino como corolario por pertenecer al colectivo público. Sus palabras no dan espacio para la interpretación: son prístinas como un manantial: todo lo obtenido por el Estado es un robo; ergo, todo sueldo de cualquier político es un egreso indeseado y dañino a la nación, equiparables a los pagos recibidos por los esbirros de la mafia. Incluso, serían aún más indeseables. «Un ladrón vulgar es ética y moralmente superior al político», ha declarado sobre los funcionarios públicos el académico metamorfoseado a candidato, no haciendo referencia a un futuro colega con un delito comprobado, sino dictaminando que tal calidad se adjudica a cualquiera por el mero ejercicio de realizar una labor estatal. Acorde a su pensamiento, si perteneces al gobierno, eres un criminal. Punto. Y ahora, sin pudor alguno, gasta su tiempo, uno valioso «como el oro», en la lucha por acceder a un cargo desde el que, diría él, se «pueda robar siempre». La experiencia hace válido proyectar un comportamiento de Milei incoherente con su pensamiento en caso de ser bendecido con la votación del público. En su futuro como hombre en la nómina estatal recibirá su sueldo sin una acción clara a favor de los afectados: no disminuirá el tamaño del robo recibido, ni, mucho menos, devolverá una parte a la ciudadanía ultrajada. Se proyecta con facilidad y sin miedo a la equivocación una transformación de Milei en aquello que con tanta vehemencia rechaza, hoy.

Javier Milei
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