Las calles colapsaron. Los gritos de desespero se escucharon. Los íconos modernos se derrumbaron. Pero nada, realmente nada se había trastocado. Santiago de Chile, París, Bogotá, un fantasma recorría portentoso por sus principales avenidas, desafiante a las estructuras del poder, el que incómodo en sus torres de marfil mantenía la tranquilidad y la calma. Sus poseedores, en gran parte, sabían el futuro: ellos, tenían la partida ganada de antemano.
Martin Gilens de la Universidad de Princeton y Benjamin Page de la Universidad de Northwestern han dado una respuesta al porqué de la imposibilidad de generar cambios a través del proceso político moderno, al menos en los Estados Unidos. Las conclusiones alcanzadas por su estudio, uno bastante controversial, son tajantes y preocupantes: el proceso político, el debate, redacción y aplicación de leyes, solo toma en cuenta los deseos de los más pudientes, los donantes de los grandes partidos, sin tener el más mínimo interés en lo que la clase media y pobre piense o sienta. En una palabra: los Estados Unidos de América hoy son como organización política una oligarquía. Michael Moore en su inquietante «Capitalism A Love Story» lo comprobó: se hace presentación en el filme de un documento de Goldman Sachs del que se leía sin dar a lugar a engaños y con tristeza cómo para el banco su nación se había transformado en una plutocracia, ergo, todos los funcionarios del conglomerado financiero debían interesarse de manera exclusiva por las necesidades de sus clientes más pudientes. El resto de la ciudadanía, simplemente no deberían existir para ellos.
«Democracia neoliberal» es como conceptualiza Noam Chomsky las nuevas formas de organización en la sociedad. Un sistema elitista, totalitario, que esconde sus verdaderas formas con la realización de elecciones manipuladas, alcanzando a ocultar al público su verdadera función: incrementar la riqueza de los más poderosos. La estructura moderna no se diferencia en nada a otras del pasado: es un círculo vicioso para la sociedad trabajadora; pero virtuoso para los poseedores del capital. El grupo económico en el poder, financia campañas políticas con ingentes recursos, llevando a sus candidatos a las diferentes instancias del gobierno, desde la que ellos crean el marco legal multiplicador de beneficios de sus financiadores, incrementando su riqueza y, desde esa nueva posición de fuerza, ser donantes de más campañas políticas para obtener más poder público que les permita explotar más el Estado y enriquecerse exponencialmente. El anterior análisis encuentra sustento real en otras coyunturas y con hechos innegables: el hombre más rico de Colombia, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, es a su vez el mayor contratista con el Estado y el mayor financiador de campañas políticas.
La contundencia de los hechos debe crear otra realidad. Y la más urgente es la de comenzar a ver los políticos no como funcionarios públicos, personas en función del público, sino como empleados de las grandes corporaciones del país. Las crisis tienen la costumbre de desnudar los sistemas imperantes de las sociedades: en los años noventa, el mundo se vio sacudido por la debacle financiera del Sudeste Asiático, la recordada como la primera gran crisis de la globalización. ¿Cómo actuó el gobierno colombiano en función de sus ciudadanos, encargado de proteger los intereses de la sociedad trabajadora? Expropiando un poco de su ingreso, para enriquecer a los bancos, más directamente, al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, decretando el infame 2 * 1000. Fue él, el banquero, el financiador de la campaña de Andrés Pastrana, presidente de sus nacionales en aquellos años.
En los Estados Unidos, el candidato Bernie Sanders reiteradamente y con efervescencia citaba a Marthin Luther King, quien describió a su país como uno en donde se aplica «el socialismo más benévolo para los ricos; pero el capitalismo más salvaje para los pobres». El doctor hubiera entrado en un colapso si alguien le hubiera contado cómo es Colombia. La crisis del Covid-19 es la más fehaciente muestra de un régimen enfrascado en proteger una clase en deterioro de otra. A pesar de la imposibilidad para la sociedad trabajadora de realizar sus actividades y de estar obligada a permanecer encerrada en sus hogares con tal de detener la propagación del virus, el gobierno la obligó a seguir respetando sus acreencias: los cobros de los servicios públicos no se frenaron, las cuotas de las deudas se mantuvieron, las pólizas de seguros no se acomodaron a la nueva realidad…
Triste panorama transformado en una patético cuando se compara con el comportamiento del poder público con los principales emporios económicos del país. El anuncio del rescate por parte del gobierno de Iván Duque de la aerolínea Avianca, establecida en Panamá para no pagar impuestos en Colombia, después de haber negado ayudas reales y consistentes para la nación trabajadora, debe ser recordado como el punto más bajo de un pueblo que paga impuestos para que el gobierno enriquezca a otros a costa de él. Solo es comparable, tal aberración, con lo hecho por el régimen de gobierno a cargo de regir los destinos de los habitantes del departamento del Atlántico, quien vio desde la Alcaldía de su principal ciudad a la crisis como la perfecta oportunidad para enriquecer a sus financiadores, pagando a sobrecosto las ayudas dirigidas a los más pobres.
Las democracias no funcionan al poder ser tomado por ciudadanos con deseos de no servir a los intereses de la mayoría. Ni Andrés Pastrana Arango, Iván Duque o Juan Manuel Santos, con niveles de popularidad aterradoramente bajos durante sus mandatos, pueden ser considerados presidentes con fracasos en su gestión. Sí como manipuladores, estafadores y sablistas. Nunca fue su deseo el ser funcionarios públicos y sí, poner el poder del Estado al servicio del sector corporativo de la nación. No son miembros de la democracia electos, son empleados de los grandes banqueros, industriales, mineras y terratenientes. Es patético escuchar a líderes opositores pedirle al principal dignatario que «recapacite» sobre sus decisiones, como si no supiera que sus políticas causarán daño en los ciudadanos más necesitados. Igual de triste es observar los debates entre diferentes fuerzas políticas airadas mostrando los terribles daños a causar por las reformas a implementar. No son, los presidentes, ministros y funcionarios del régimen colombiano unos peligrosos ignorantes del enorme daño que sus políticas van a causar al pueblo: son unos miserables indiferentes al dolor por producir.
En los Estados Unidos, paralelo a millones de personas sufrir humilladas el verse obligadas a realizar las interminables filas de autos para ser asistidas en un banco de comida y recibir alimento gratis (pues la debacle económica producida por el COVID-19 los transformó de clase media a famélicos) los líderes políticos del Congreso decidieron frenar los debates sobre asistencia financiera para el pueblo al priorizar visitar sus familias durante el festivo del Día de Acción de Gracias. Cuando, por su parte, el rescate era dirigido a la grandes empresas del país, les tomó tan solo una tarde firmar la ley. En Colombia, un columnista develó a sus compatriotas la evacuación de la esposa del presidente de la isla de San Andrés, perpetrada por el gobierno actual, antes de ser golpeada por el huracán Iota haciendo estricto caso de los anuncios de organismos meteorológicos avisando el desastre; pero ignorando al mismo tiempo esos mismos anuncios con tal de preparar un plan para evitar pérdidas de vidas humanas del pueblo al que juró representar. Son muestras ambas, de fascismo.
Las balas son menos dolorosas que el hambre. La agonía del herido por los disparos son efímeras comparadas con los aullidos de dolor en una persona sin bocado en su cuerpo por demasiado tiempo. No se es más o menos asesino. Su condición es horrorosamente excluyente: se es o no se es. Abandonar un pueblo empobrecido a los destinos de una manifestación natural enardecida es criminal. Dejar inconcluso, por tres día, el documento legal que podría llevar alimentos a familias en el desespero más aterrador por verse abocadas a la pobreza, es imperdonable. Y sin embargo, a pesar de los gobernantes ejercer su oficio de una manera tiránica, miserable e inmisericordiosa, nada más estable que un puesto en el sector público.
La opinión pública no es nada diferente a la opinión de los dueños de los medios de comunicación. Las falsas elecciones son una ilusión democrática al ser efectuadas entre candidatos con idénticas agendas a implementar desde el poder. Alberto Lleras Camargo, expresidente de Colombia, lo decía con gran relajo: «Las elecciones en Colombia son unas carreras de caballo entre dos animales con el mismo dueño». William Magear Tweed lo explicó con aterradora precisión en 1832 en los Estados Unidos: «No me importa el que haya elecciones, siempre y cuando sea yo quien escoja a los candidatos para esas elecciones».
La democracia sí ha muerto. El neoliberalismo, la distribución de riqueza más grandes de la historia humana, efectuada desde los más necesitados hacía los más despilfarradores, la condenó. Se la «tragó», parafraseando a Yanus Varufakis. El experimento estaba condenado al fracaso: una sistema democrático en donde un voto es igual para cada persona, no compagina con un sistema económico donde cada dólar adicional incrementa la capacidad de influencia en la sociedad. El poder económico fácilmente se traslada al poder político y los mecanismos de control hoy efectuados son visibles para cualquiera: grupos empresariales adquiriendo medios de comunicación para controlar el debate público noticioso, financiando políticos para manipular el proceso legislativo, capitalizando a través de donaciones las instituciones educativas demandando a cambio el dictar qué tipo de educación se imparte, promoviendo artistas con un discurso favorable a sus necesidades…
Un sistema político que pone el poder en manos de la población general, es por definición uno desagradable para las élites económicas de cualquier país en cualquier periodo. Adam Smith lo denunciaba ya en su clásico de 1776, «La Riqueza de las Naciones», acusando de que en su país, Inglaterra, los principales arquitectos de la política era los comerciantes y los productores, sectores con enorme cuidado y gran recelo de sus propios intereses. Los llamó a ellos «los dueños de la humanidad» y su máxima era, según el académico: «Todo para nosotros y nada para los demás». James Madison, arquitecto de la democracia estadounidense, uno de los padres fundadores, lo dictaminó con claridad: «El sistema de constituirse de forma que se proteja a la minoría en opulencia de la mayoría». En «La Política» de Aristóteles el mismo factor se resalta: «si Atenas fuera una democracia libre para hombres libres, los pobres se unirían y quitarían las propiedades a los ricos».
El problema de instalar la democracia con una economía capitalista es contundente. Y las soluciones no han cambiado desde tiempos inmemoriales: o reducir la desigualdad o reducir la democracia. En la era actual, con la mayor concentración de riqueza de la historia, donde el uno por ciento de la población está por tener la misma cantidad de riqueza que la poseída por el noventa por ciento de la población, es evidente qué forma de solventar el problema se ha perpetrado. Y un costo enorme ha de asumirse: El precio de la desigualdad es la pérdida de la democracia, conclusión tajante a la que llega el lector al cerrar la última página del libro de Joseph Stiglitz con ese título.
El precio de la desigualdad es la pérdida de la democracia,
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