Debido a la bomba de tiempo fiscal que Duque le dejó instalada al gobierno actual, el presupuesto de inversión previsto para 2024 ha tenido que ser recortado en $20 billones, haciendo aún falta $12 billones para completar los ingresos requeridos para equilibrar el presupuesto de 2025.
Estos últimos deberán salir de una nueva reforma tributaria progresiva o ley de financiamiento para compensar el zarpazo que -con aval de la procuradora Cabello- le dio la Corte Constitucional a la reforma de 2022 cuando eliminó la norma sobre no deducibilidad de las regalías. Un fallo de los honorables magistrados en contra del interés nacional y a favor de los capitales de los grandes concesionarios minero-energéticos, multinacionales principalmente.
Pero el alto endeudamiento con el FMI con plazo de pago a 3 años -que subió el servicio de la deuda de $75 billones en 2023 a $95 billones el presente año y a $112 billones el año próximo- no fue el único hueco cavado por el gobierno anterior en las finanzas públicas del siguiente gobierno.
Inspirado en un mezquino cálculo político con miras a que su partido ganara la siguiente elección presidencial y sin importar el costo futuro para el Estado colombiano, Duque decidió suspender los reajustes mensuales al precio internacional de los precios internos de la gasolina y el ACPM.
El interés era asegurarse el favor de la clase media mediante un subsidio socialmente regresivo, cada vez más gravoso para el presupuesto nacional e insostenible, pero camuflado en el barril sin fondo en que se convirtió al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, FEPC, a cargo de Ecopetrol.
Fue esta medida una versión ampliada de lo que hizo con los famosos “días sin IVA” al repartir arbitrariamente parte de los ingresos públicos entre un puñado de grandes importadores, los bancos y un sector limitado de la población urbana. Sin duda, se trata de demagogia pura y si tuvieran alguna coherencia los comentaristas neoliberales, supuestos expertos en ciencia política, clasificarían su actuar como “populismo de derecha”.
El hecho es que, en paralelo con las alzas ocurridas en el precio internacional del petróleo luego de finalizada la pandemia, el FEPC acumuló una monumental subvención a los consumidores de combustibles de $69 billones desde 2022. Así lo precisa el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien caracteriza los saldos negativos del FEPC como parte encubierta pero real del déficit fiscal y deuda no financiera.
Ecopetrol importa alrededor de la mitad de los combustibles que consume el país, pero como el precio de venta a los comercializadores es el establecido por el ministerio de Minas y Energía, esa empresa asume la diferencia con el precio internacional que es, al mismo tiempo, el que recibiría por el combustible que logra refinar. Esa diferencia, que acumulada ya es gigantesca, es el valor del subsidio al consumidor interno que le debe reintegrar el Estado a Ecopetrol para no ocasionarle pérdidas
Al terminar 2023 y luego de reintegrarle a Ecopetrol con recursos del presupuesto nacional los subsidios adeudados el año anterior, el déficit quedó en -$20,5 billones, comparado con el saldo de -$36,7 billones a 2022. La cifra habría sido $16 billones más negativa si el gobierno de Petro no hubiese decidido en septiembre de 2022 eliminar gradualmente el subsidio a la gasolina para cerrar la brecha entre un precio de alrededor de $9.000 el galón, con que lo recibió, y los cerca de $16.000 que vale el galón hoy, exento de subsidio y consistente con el precio internacional.
Política ciertamente impopular entre buena parte de la población urbana, repudiada por los taxistas y otros transportadores y poco conveniente para poder bajar con rapidez el nivel excesivo de inflación heredado del gobierno de Duque. Por eso mismo, una muestra clara de responsabilidad del gobierno actual en el manejo de las finanzas públicas, muy lejano a la imagen de “populismo fiscal” que sobre Petro quieren proyectar en la opinión pública los medios al servicio de la oposición.
Lo que sigue y ha sido anunciado por el ministro Bonilla es el proceso de eliminación del subsidio al combustible diésel o ACPM. Tras corregir el de la gasolina, el del diésel ocasiona la mayor parte del déficit del FEPC que, aun terminando de pagar este semestre lo adeudado a Ecopetrol en 2023, cerraría este año en -$12 billones según la proyección del ministerio de Hacienda. Esos $12 billones, cifra igual al valor en que está desfinanciado el presupuesto de 2025, son una transferencia injustificada de recursos públicos a los propietarios privados del transporte por carretera.
Por consiguiente, se requiere avanzar en generalizar la supresión gradual de este subsidio que hoy alcanza a cerca de $4.000 por galón, pero en su proyección de precios al segundo semestre de 2025 y luego de los tres o cuatro recortes periódicos del subsidio previstos por Minhacienda, habrá representado un ajuste de más o menos $6.000. Ya el Gobierno empezó por suprimir el subsidio a los grandes consumidores (más de 50.000 galones mensuales) que le costaba a la nación $600 mil millones al año. Queda el combustible usado en el transporte de carga y pasajeros que es la mayor parte del consumo total del diésel.
Pero el diálogo con los gremios de los transportadores se ha estrellado con una posición intransigente de estos, que se rehúsan a concertar un ajuste gradual del precio para aterrizar sus costos operativos en la realidad. Lo paradójico es que para la fijación de sus tarifas dan prioridad plena a las leyes del mercado, que usualmente favorecen el interés privado de los propietarios, pero para sus costos están exigiendo que el Estado ignore los precios reales para asegurarles otros artificialmente bajos, subsidiados con recursos públicos. Una forma de intervención estatal para beneficio privado, el tipo de intervención que el neoliberalismo no cuestiona sino que fomenta.
Así las cosas, probablemente se avecina un duro conflicto entre esos gremios -controlados por algunos propietarios de las flotas más poderosas del transporte terrestre- que pretenden que se mantenga sin cambios el inequitativo subsidio creado por Duque y que actúan exclusivamente en representación sus intereses particulares, por un lado; y, por el otro, el Gobierno nacional que es el responsable de las finanzas públicas y le corresponde actuar en representación legítima de toda la sociedad y de sus intereses colectivos.
No resultará nada extraño que el uribismo y demás partidos políticos de oposición, en forma abierta o disimulada, se inclinen oportunistamente a favor de los primeros para aprovechar políticamente el ambiente adverso que seguramente los medios a su servicio fomentarán contra el Gobierno.
Es posible que algunos incluso recuerden la huelga del transporte en el Chile de los años 70 como una de las que jugó un papel importante en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende. Pero, una vez más, no podrán ocultar fácilmente la mentira de la devoción que proclaman por la democracia representativa y dejarán en evidencia su clara propensión golpista, así como la falsedad de su presunto respeto a la voluntad electoral de los colombianos, la Constitución y las instituciones del Estado.
Referencias
- Alguero, Miguel Orlando. Déficit del subsidio a los combustibles: ¿bomba de tiempo para Ecopetrol y las finanzas públicas? El Colombiano, julio 11 de 2024.
- Becerra, Brayan Xavier. El precio del galón de diésel superará $15.000 para finales de 2025 por incrementos. La República, agosto 22 de 2024.
- Finanzas redacción. Minhacienda destaca los principales logros económicos del gobierno de Petro en dos años. Portafolio, agosto 6 de 2024.
- Minhacienda. Presupuesto General de la Nación 2025: Reactivación Económica con Justicia Social y Justicia Ambiental. http://www.minhacienda.gov.co, julio 28 de2024.
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