Mucho antes de haber leído siquiera el proyecto fiscal del Gobierno, los políticos de oposición salieron en coro a proclamar su obstrucción a priori en el Congreso a toda propuesta de cambio. Los grandes medios, que previamente habían iniciado su campaña de engaños con bulos como la presunta elevación a 5 por mil del impuesto a las transacciones financieras, se esmeraron en divulgar ampliamente los mensajes vagos y prejuiciosos de los opositores.
Según todos ellos, “el país no resiste más impuestos”. Es esa la expresión que repiten como axioma, sin contrastarlo con la realidad fiscal y económica del país, ni analizar la propuesta del equipo económico del Gobierno. Se trata de una práctica habitual, perfeccionada durante estos dos últimos años, para desinformar con dogmas y afirmaciones mentirosas a los colombianos.
A esta campaña se sumaron sin demora los comentaristas neoliberales que profesan el fundamentalismo de mercado y el mantra de privatización de lo público. Entre ellos, José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda del gobierno de Duque, quien tiene el cinismo de afirmar que le entregó “saneado” al gobierno actual el billonario hueco fiscal causado por la congelación desde 2020 de los precios de los combustibles… cuando lo que en realidad le entregó fue un paro camionero instalado, como lo advirtió hace dos años el hoy ministro Ricardo Bonilla, entonces miembro de la comisión de empalme.
Hasta ahí las reacciones previsibles. Pero lo que sí podría sorprender a quienes conocen el proyecto fiscal es que los voceros de los gremios como la ANDI y FENALCO, ahora agrupados en el Consejo Gremial, llamaran abiertamente a hundir la propuesta de ley de financiamiento y oponerse al presupuesto para 2025 presentado por el Gobierno, por ser una respuesta totalmente incoherente. Primero, porque la ley de financiamiento propuesta contiene una importante reducción del impuesto de renta para las empresas privadas que se supone son representadas por esos gremios: de 35% a 30% (33% para grandes empresas) y hasta 27% para las empresas pequeñas, ajustando eso sí el gravamen mínimo efectivo a 20%. Segundo, porque contiene beneficios tributarios sectoriales para estimular la actividad turística, la energía solar, la vivienda y la renovación del parque automotor de los transportadores; así mismo, permite subsidiar a los estratos 1,2 y 3 la impagable deuda con las electrificadoras a cargo de los consumidores que dejó la “opción tarifaria” de Duque.
Y aunque para compensar estos egresos reduce el umbral del impuesto de patrimonio y aumenta el gravamen a aquellos de más alto valor, exonera de este tributo a los activos productivos de las empresas en general. Entre las personas jurídicas serán solo los poderosos negocios mineros y petroleros los que asumirán un mayor valor del impuesto por concepto de las emisiones de carbono. Y también los bancos, a los cuales se les prorroga el pago de la sobretasa vigente.
En realidad, la mayor parte de los nuevos ingresos fiscales provendrá de gravar los juegos de suerte y azar en las plataformas virtuales, hoy inexplicablemente exentos del 19% de IVA, algo además muy inequitativo con los negocios que tienen presencia física en el país. Igualmente, contribuirá al mejoramiento de esos ingresos el cobro pleno del IVA a los vehículos híbridos importados, reservando el IVA preferente de 5% solo para los vehículos eléctricos. Y habrá también un aumento de 5% a las ganancias ocasionales.
En resumen, salvo las grandes empresas extractivistas mencionadas, esencialmente quienes tendrían que pagar mayores impuestos sobre sus rentas regulares y su riqueza son las personas naturales con muy altos ingresos, originados especialmente en rentas de capital, y los dueños de elevados patrimonios improductivos. Es decir, la fracción más opulenta del 10% más rico de la población. No se modifica el IVA de la canasta familiar, tampoco se cambia el umbral para declarar renta ni se altera su escala impositiva.
En su conjunto es un proyecto que, aunque propone ajustes fiscales progresivos, está lejos de ser una reforma tributaria, como lo ha aclarado el ministro Ricardo Bonilla. Pero apunta a corregir el exceso de la tasa nominal de impuestos de renta a las empresas que se estableció en la última reforma del gobierno de Duque. Esa reforma nos puso a encabezar la lista internacional de países con mayor tasa de ese impuesto corporativo, mientras se abstuvo de tocar las exenciones tributarias injustificadas.
Tal corrección ha sido un reclamo general del sector empresarial y forma parte también de las recomendaciones de expertos tributarios de todas las escuelas y latitudes. Se ha señalado que mientras que en los países más avanzados la mayor parte del impuesto de renta no corresponde a las empresas sino a sus propietarios, en Colombia es totalmente lo contrario. Esto favorece la evasión fiscal y tiene efectos socialmente regresivos, ya que promueve una mezcla opaca y distorsionada entre los activos y gastos particulares de los socios y los de sus firmas empresariales. Por tanto, es claro que un mejoramiento del régimen tributario debe buscar una moderación del impuesto a las empresas, que crean el empleo, y un incremento correlativo de la contribución fiscal de las personas naturales que perciben las mayores rentas.
Sin embargo, a juzgar por el rechazo cerrado a este cambio tributario que beneficia a las empresas, los intereses que defienden los voceros gremiales no son los de éstas, a la que se supone representan, ni los de la inversión productiva. ¿Cuáles son entonces? ¿Los de los dueños de las riquezas improductivas? ¿Prefieren que las empresas sigan asumiendo la mayor parte de la carga impositiva (hoy asumen 80%) para impedir que las altas rentas personales paguen gravámenes apropiados?
Hay que recordar que fueron estos gremios, con los mismos presidentes actuales, los que aceptaron sin chistar el aumento de la tasa impositiva de renta a las empresas de 30% a 35% en el gobierno de Duque. Y observaron impasibles el desgreño fiscal del mismo gobierno cuando subió la deuda a 61% del PIB, perdió el grado de inversión financiera -que encareció el endeudamiento- y aumentó déficit fiscal y el gasto público improductivo, con lo cual impulsó el desbordamiento de la inflación.
Así mismo, guardaron silencio cómplice cuando, por ejemplo, Duque intentó obsequiarle a Avianca, empresa de propiedad extranjera, miles de millones de pesos de los recursos públicos, mientras la gente común sufría las penurias de la pandemia. O cuando ese gobierno entregó a sus amigos el manejo de los fondos para la paz y de las regalías. Y estos personajes, lejos de financiar proyectos para las víctimas del conflicto, se dedicaron a saquearlos, como lo han denunciado tanto la Contraloría como Planeación Nacional. Igualmente guardaron silencio, cuando su director de la DIAN, responsable de combatir la evasión tributaria, fue sorprendido con dineros personales en los paraísos fiscales.
No obstante, ya durante el presente gobierno, una vez la terapia de la política monetaria del Banco de la República para frenar la inflación provocó la fuerte desaceleración de la economía, se inventaron mil explicaciones para encubrir las causas reales del frenazo, presagiar una recesión que no fue y culpar al gobierno recién instalado con el peregrino discurso de la “incertidumbre”. Y cuando los estudios económicos del ministerio de Hacienda revelaron el aporte verificable de la codicia empresarial al desbordamiento de precios, se rasgaron las vestiduras y declararon que la divulgación de esas realidades era ofensiva. Lo mismo dicen ahora de las verdades que expresa el presidente sobre la injusticia social y los abusos de quienes concentran el poder económico en Colombia.
Por el contrario, en el terreno positivo de la economía nunca han reconocido la contribución de la política agraria del gobierno actual en bajar la inflación de alimentos, que ha sido fundamental en la recuperación de la demanda interna y el crecimiento. Tampoco los avances en los indicadores sociales como la reducción de la pobreza, ni la importante creación de empleo a pesar de la caída de la inversión privada. En cambio, mientras las cifras muestran que se ha iniciado la recuperación del crecimiento -duplicando las proyecciones iniciales para este año y el siguiente- insisten en reclamar una “política de choque” para impulsar la reactivación económica que implica un aumento de la inversión pública.
Sin embargo, con total incoherencia, ahora salen con que se debe recortar más el presupuesto del año entrante, que significa cercenar esa inversión y el gasto social. Y se oponen a un proyecto fiscal de obtención de nuevos ingresos para equilibrar las finanzas públicas, sin importar que éste beneficie a la mayoría de las empresas y no aumente los impuestos para la clase media y el pueblo. Parece ser que para estos líderes gremiales -al igual que para los políticos de la derecha- el crecimiento productivo con empleo, la redistribución del ingreso y las políticas sociales del Estado de bienestar, son un anatema equivalente al fantasma de la expropiación.
No se necesita ser muy suspicaz para descifrar las inclinaciones políticas de los presidentes de los gremios. La figuración como invitados de honor a sus asambleas anuales de enemigos declarados del gobierno como el exfiscal Barbosa, Vicky Dávila, decana del periodismo difamador, el reaccionario senador Iván Name y otros reconocidos personajes de la oposición más intransigente, dan cuenta de ello. ¿Pluralismo político? Improbable: en los gobiernos anteriores nunca se invitó a la tarima a ninguna figura de la oposición.
Pero aun con estos precedentes, la abierta intervención actual de los voceros gremiales ante el Congreso para perseguir el hundimiento de todas las reformas e incluso para aupar el bloqueo a las gestiones ordinarias del presupuesto, denota ya una actitud militante de sus cabezas contra el gobierno, ejercida a nombre de sus organizaciones gremiales. La tradicional interlocución respetuosa de éstas con los anteriores presidentes y sus ministros ha sido sustituida por la crítica venenosa y la estigmatización diaria ante los medios de todos los actos del gobierno, así como la abierta intervención política en su contra.
El discurso catastrofista de los gremios forma parte primordial de la creación del ambiente de opinión y el pánico económico que requiere el golpismo. Es cada vez más claro para el país que personajes como Bruce MacMaster o Jaime Alberto Cabal presiden hoy, en realidad, un partido de oposición encubierto con el ropaje gremial. Su plataforma política es la defensa de los privilegios de las elites y de la concentración del ingreso, al igual que del usufructo privado de los recursos públicos -que no aceptan ceder- y de la fracasada estrategia extractivista de desarrollo.
Cuentan con el respaldo de los jefes de la derecha política que implantó el modelo, desde Gaviria y Santos hasta Uribe, Pastrana y Vargas Lleras. Y su meta, mal disimulada, es la de ayudar a suplantar el programa social que respaldó mayoritariamente el pueblo en la elección presidencial de 2021, con la restauración de la conducción neoliberal del Estado y la economía. Una política funesta para Colombia, comprobadamente excluyente en lo social y opuesta al verdadero desarrollo económico de la nación.
Si se comprende esa realidad, la respuesta de la gente progresista de este país no puede ser otra que la unidad para impedir el retroceso histórico que significa ese desenlace.
otrarepublica.com 
Deja un comentario