¿Mejor con un presidente empresario?

Karl Marx, el gran observador, entendía que lo palmario no tenía por qué concatenar con la realidad. Las portadas, en las áreas sociales, especialmente en las económicas, no sirven para juzgar el contenido del libro. «Si las apariencias fueran suficientes, la ciencia no sería necesaria», sentenció alguna vez el gran filósofo alemán. En Colombia, y en general en el mundo moderno, el corporativismo internacional ha sabido incrustar en las mentes de las mayorías, con mucho éxito, una idea que se explaya como un virus entre los votantes, una cuya simpleza no engaña ni por un segundo a los letrados, pero que se vislumbra sólida frente a los más incautos. Se trata de aquella falacia insinuando que los grandes empresarios son, por definición, grandes gobernantes públicos. El esquema propagandístico detrás del bulo es uno encadenando ideas muy sencillas: si conoce los secretos, él o ella, sobre cómo administrar una corporación con éxito, posee también la fórmula para dirigir un gobierno, siendo consecuente que, si como empresario se hizo, él o ella, pudiente, como gobernante hará acaudalada a toda la nación.

La inocencia con la que los electores aceptan tan ridícula premisa es a veces enternecedora, a veces preocupante; pero nunca deja de ser patética. Que sea la historia quién dictamine la veracidad de los hechos. El primero de esa estirpe en la era actual fue el magnate italiano Silvio Berlusconi. Il Cavalieri cautivó a sus desprevenidos electores y los convenció de concederle su voto con un discurso simple: él tenía ya “mucha plata» y no necesitaba la riqueza del Estado, ergo, durante su gobierno no habría el más mínimo indicio de robo del erario público y su excelente gestión permitiría a Italia avanzar. Así como enriqueció a sus muy reconocidas corporaciones, enriquecería su Estado, según los miembros de sus filas. Las promesas del candidato se transformaron en condenas del mandatario al final de su gestión, pues no sólo no enriqueció el ente público, sino que además lo estafó: fue declarado él culpable por los tribunales italianos de corrupción y fraude fiscal.

Si algo enseña el pasado es que el concepto de «mucha plata» es uno inexistente para la clase capitalista. Su deseo de riqueza es infinito. «La codicia es buena» aleccionó el ídolo de toda una generación de las altas finanzas. Pero la simpleza de la idea detrás de la campaña es demasiado atractiva para atrapar electorados generalmente analfabetos funcionales y, como era previsible, otros copiaron la estrategia. Con calcado discurso figuras como Donald Trump, Sebastián Piñera y Mauricio Macri labraron sus caminos hasta las presidencias de los Estados Unidos, Chile y Argentina. Hombres ricos, poderosos empresarios, gerentes eficaces quienes que, con el prisma de su visión corporativa prometían superar la dolorosa escasez sufrida en el presente por sus connacionales. Es que «los industriales sí saben de gerencia», repetían con inmensa frecuencia sus apologetas. El problema claro, es la realidad: los tres ex presidentes abandonaron sus cargos atestados de litigios, en gran parte por haber sido su tiempo como mandatarios uno usado principalmente para incrementar sus riquezas. Se explica en ese actuar las tasas de baja popularidad como una variable reiterada en el final del mandato de cada uno de ellos.

En Colombia hubo también un empresario/gerente/visionario capaz de cautivar el voto popular, pero en su caso fue para una alcaldía: el señor Enrique Peñalosa. La euforia de sus seguidores producto de las ilusiones despertadas al inicio de su período es hoy por hoy un recuerdo ubicado demasiado lejos en el tiempo. Es él, posiblemente, el político más desprestigiado de todo su país, un territorio al parecer condenado a producir funcionarios públicos impresentables con demasiada regularidad. Y comparte, con sus colegas, el diagnóstico detectando el porqué de su fracaso: el uso abusivo del sector estatal para su beneficio. Así como Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional un préstamo por 50.000 millones de dólares para financiar una masiva fuga de capitales para sus socios en Argentina; así como Piñera en Chile compró acciones de empresas con información privilegiada obtenida desde el gobierno; y así como Donald Trump decretó un masivo descuento tributario que tenía a él a uno de los grandes beneficiados; Enrique Peñalosa durante su gestión convirtió la alcaldía en una vitrina para vender el sistema de transporte cuyos dueños financian toda su vida política: el Transmilenio.

La historia entrega hechos fácilmente convertidos en realidades contundentes. He aquí uno: un empresario no se lanza a la toma del gobierno para hacer más rico a todo el país, se lanza a la presidencia de su república para enriquecerse más a sí mismo. Cuando funda su compañía no lo hace con la intención de acaudalar a sus trabajadores; sino con la clara misión de que ellos incrementen su fortuna. Y así, se entiende, se transforma en político para aprobar las leyes necesitadas para la expansión de sus empresas, sus negocios, sus inversiones; siendo su deseo el que ahora no solo sea su nómina, sino la totalidad de la nación, quien incremente su opulencia. Es hasta penoso tener que explicar algo además lógico. Si un gran empresario quisiera vivir en un país más rico, más justo, en una mejor sociedad, comenzaría pagando mejores salarios a su gran cantidad de empleados, a los creadores de riqueza dentro de su corporación. Si un ciudadano quiere saber cómo será un empresario de presidente, tan solo debe dirigirse a su oficina y solicitar un aumento de sus ingresos. Tal y como responda él es como pueden esperar los colombianos atienda a sus necesidades el señor candidato Rodolfo Hernández, de obtener la presidencia.

Para hacer convincente tal falacia, el sector corporativo global se ha visto obligado a insertar en la mente de los votantes otra ridícula idea, una elaborada para insinuar la inexistencia de clases sociales en el capitalismo. Este, el sistema dominante en el país andino, amado por sus ciudadanos, divide a la sociedad por definición en dos grupos: capitalistas y trabajadores. Es esa su esencia. Sin esa separación de los grupos socio-económicos, no hay capitalismo. Lo sabe con conocimiento de causa Warren Buffet quien sentenció con claridad: «hay una guerra de clases y la nuestra la está ganando». Es un lujo demasiado costos el mantener tal inocencia en la materia.

Una prueba contundente de cómo el capitalismo desarrolla una sociedad de clases, clasista, de castas, radica en la forma cómo trata la justicia a los de un bando en comparación con los del otro. Un hombre en la cúspide económica colombiana puede asesinar, borracho, en un auto, a inocentes y humildes peatones; otro puede violar y asesinar una niña y, en asocio con sus familiares, tratar de encubrir el crimen; una más puede asesinar a su pareja sentimental en asocio con sus compañeros y, tratar de engañar a la justicia sobre sus actos; y todos ellos duermen con la tranquilidad de que la ley no les recaerá con la fuerza de la justicia. Cualquier trabajador debe preguntarse: ¿Qué trato he recibido por parte del sistema acusatorio de mi país? ¿Por qué obtienen ellos tal impunidad? La respuesta ilumina el origen de la diferenciación y proyecta su haz en la situación económica, dejando al desnudo qué tipo de sociedad es la habitada. El ingeniero Rodolfo Hernández, hoy deseando llegar al gobierno, es de la misma clase históricamente dueña del poder político en su país: la capitalista, siendo así la única garantía de su candidatura el que, con él, nada realmente va a cambiar.

Así, debería estar prohibido la queja ciudadana después de votar por él, o si quiera actuar sorprendida cuando desde el gobierno emita un salario mínimo menor al vigente, con tal su empresa pague menos a sus empleados, afectando los ingresos de toda la nación; cuando él presione por un aumento en la tasa de interés interbancario, pues así mejora los ingresos por créditos hipotecarios en los que actúa como acreedor, disminuyendo el consumo del pueblo; cuando elimine reservas naturales para construir con sus propias empresas sobre ellas, deteriorando las riquezas naturales comunes; cuando aumente los impuestos de la clase trabajadora, mientras recorta los de la clase empresarial, afectando las finanzas personales de todos los nacionales. Algo debe quedar claro: los intereses de un sector de la sociedad (empleados, desempleados, subempleados, pequeñas y medias empresas) no son los idénticos a los dominando a los grandes capitalistas. Son contrarios y se conflictúan. Entender eso es madurar políticamente.

El ingeniero Rodolfo Hernández no tiene programa, ideas o propuestas; y es nula la sopresa pues su único impulso es el mismo habido en todo empresario hecho presidente y es el mismo dominando toda su vida: adinerarse más a sí mismo. Una pregunta tan compleja como pertinente debe extenderse: ¿Qué es más factible? ¿Que al ingeniero le importen más el salario del pueblo, la educación de la nación, la salud de sus votantes, o sus propios negocios? Aleccionaba Platón, en su República, cómo la clase dirigente debería ser una no enfrentada a elecciones y destinada a servir a su pueblo a perpetuidad. Pero, para otorgar tal estatus a aquellos interesados en pertenecer al equipo gobernante, la renuncia a toda propiedad privada era una condición irrestricta. Comprendía el filósofo griego la enorme contradicción, el insuperable conflicto de interés, el daño a causar a la sociedad de permitirse la existencia de funcionarios públicos poseedores de riquezas personales. La sociedad moderna avanzaría como civilización si adquiriera tal conocimiento.

Parafraseando al inmortal Jimmy Hoffa interpretado por Al Pacino en «The Irishman», en un diálogo suyo, refiriéndose a su opinión personal de John Kennedy, sus palabras se convierten en un regalo del guionista para todo espectador interesado en la sociedad: «Lo dije una vez y lo dije mil veces: no me importa que sean irlandeses, no me importa que sean católicos. Si hay unas personas en la que no puedes confiar en esta vida, son los millonarios». La razón sobre la que reposa tal premisa es pristina y casi indubitable: nada importa a ellos más que sus millones. He ahí porqué a Hernández no le desvela lo estipulado en la ley. Para él, un ordenamiento jurídico contrario a sus intereses comerciales no es más que un obstáculo a sobrepasar, a cualquier precio. Una persona cuya vida en el sector privado se ha caracterizado por extraer riqueza de los ciudadanos, sean empleados o clientes, no se traslada al público a redireccionar los flujos y hacer justicia: va a profundizar el patrón, ahora con el uso de la fuerza otorgado por la ley y el ejército. Palabras más sencillas pueden usarse: va a hacerse más rico a costa de todos.

Una mentira más se propaga como un mantra irrefutable en el afán de sostener la equivalencia de buenos empresarios=buenos gobernantes. Los potentados emprendedores son ideales, promulgan ellos, para solucionar los problemas del país. Podría debatirse como cierta tal aberración, si fuera que los conflictos de la sociedad en su mayoría tuvieran como eje el afán de lucro. Pero es que, ¿Qué hace creer a alguien que un empresario sabe cómo lidiar con el hambre, una pandemia, los bajos niveles educativos de poblaciones enteras, con la violencia ciudadana, con el inconformismo juvenil, con los problemas del mal urbanismo, con una sequía, una inundación, la violencia intrafamiliar y la causada por la pobreza, el transporte público, el cambio climático? Saben hacer negocio de esos males; pero poco o nada de cómo superar esas dificultades o flagelos. He ahí porque todos los empresarios hechos presidentes, quienes generan enormes ilusiones al inicio de sus periodos, finalizan en decepciones enormes y crisis generalizadas. Y he ahí, además a todo, por qué es que es indeseable un presidente empresario.

He ahí porque todos los empresarios hechos presidentes, quienes generan enormes ilusiones al principio de sus periodos, finalizan en decepciones enormes. Y he ahí por qué es que es indeseable un presidente empresario.

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