Deuda argentina, ¿una gesta independentista?

Paul Singer es introducido al lector de la Wikipedia como empresario, inversionista, administrador de fondos de cobertura y filántropo. No deja de ser esa una descripción correcta, si se concede el que a Adolf Hitler se le describa como líder político, gobernante de Alemania y amante de los animales. Reales cada una de ellas, sí, por supuesto; pero al conocedor no se le escapa la flagrante omisión de lo más relevante. Porque es que tanto como Hitler, Singer ha encontrado en la degradación máxima de su profesión el éxito de su carrera.

Como mandamás de Elliott Investment Management, Singer se sentó en el trono del rey de los fondos buitres. Desde ahí se enriqueció hasta niveles astronómicos, a la par de ir esparciendo por el mundo miseria, desolación y muerte. Una acusación para nada exagerada. Pero todo reino encuentra un pueblo digno e insumiso que, por un instante, frustra los planes de expansión reales. Y sería un país austral, bajo el mando de una ferrea lideresa y su más capaz aliado, quien se rebelase ante su majestad financiera, frenando, mientras se le otorgó a ella el poder, los deseos de invasión colonial de la corona. Acá la historia de la épica batalla entre la República de Argentina y los fondos buitres, una lucha a muerte en la que se definía la existencia misma del país sudamericano.

La Doctrina de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos instauró, azuzó y apoyó las dictaduras apropiándose del poder político en el Cono Sur durante la década de los años setenta. Fue tal su éxito que, para 1976, la única democracia en la zona más al sur del continente americano era la Argentina de la presidenta María Estela Martínez de Perón, emblemática líder conocida mundialmente como Eva Perón. Un movimiento militar, político y empresarial habría de ursurparle el cargo, dando inicio al «Proceso de Reorganización Nacional», cuyo proceso de cambio no era nada distinto a la aplicación de las políticas monetaristas estrenadas en el mundo vía otro golpe militar, este perpetrado por Augusto Pinochet en Chile.

La política más transcendente de la nueva forma de gobierno fue la excesiva toma de deuda externa, exagerada por la cantidad recibida y expoliando la totalidad de la suma acreditada. Para 1982, reinstaurada la democracia, el presidente electo, Raúl Alfonsín, jura reconocer solo aquella parte de la deuda pública considerada legitima, desentendiéndose de la pactada por el poder de facto antecediéndolo en la Casa Rosada. Incluso ordena el mandatario una auditoria de sus acreencias, hoy un documento recóndito y olvidado en algún rincón oscuro del gobierno. El haber hecho el presidente de sus palabras una promesa incumplida, le ha costado sangre a la Argentina.

La entrada masiva de dólares por acreencias externas tiene contrapartida en una salida superior de la divisa por servicio de ella (pago de interés y capital), algo obvio y lógico pero, al parecer desconocido por los neoliberales. Ergo, se habría de desatar una fuga desenfrenada de la moneda estadounidense (en toda América Latina) que como corolario natural contraería la crisis de la deuda de los años ochenta. Con ella se condenó a toda la región a una inflación galopante por devaluación. Todos los países sufrieron del mismo mal a causa de la misma carencia. La carga soportada por las obligaciones financieras colapsó a Argentina en 1989 (también a Venezuela), forzando la renuncia del presidente Alfonsín. No podría ser de otra forma, pues los indicadores para aquel año eran desastrosos: el gasto público rondaba el 35% del PBI y el déficit fiscal ascendía al 7% del mismo indicador. El índice de precios escaló hasta un escalofriante 3000%.

Los neoliberales Carlos Menem (presidente) y Domingo Cavallo (ministro de Hacienda) ofrecerían una solución a la agobiante situación. Renunciando por completo a su política monetaria, ligaron la moneda nacional al dólar estadounidense en una relación de 1 a 1: por cada peso argentino en circulación había un dólar en las reservas internacionales. La medida, inmensamente celebrada por el Fondo Monetario Internacional, obligaba a la institución con el país. Porque, aunque la convertibilidad hizo del problema de los precios uno del pasado, la economía requeriría un masivo y constante ingreso de dólares para mantener la equidad. Y, como explicó Raúl Prebish en tono poético, una moneda atada a una divisa, en una economía con balanza comercial desfavorable, era como una «planta de invernadero alimentada con la savia inconstante del oro extranjero”. Argentina tenía esa condición y el faltante se suplió con la venta de activos públicos y, mayoritariamente, con la toma exponencial de deuda en dólares.

La década de los años noventa parecía una pesadilla para la economía global. El discurso del advenimiento de un mundo idílico producto de aplicar las medidas liberales a lo largo y ancho del planeta, conflictuaba con una espantosa realidad, una coyuntura donde la explosión de crisis financieras en algún lugar del globo era regular: la de México en 1994 («Efecto Tequila»), Argentina en 1995 («Efecto Tango»), el sudeste asiático en 1996-1997, Rusia y Brasil en 1998 y, Colombia y Ecuador en 1999. Para Argentina la inestabilidad global significaba el encarecimiento de su deuda, pues los especuladores financieros, siempre sagaces, asumían que era cuestión de tiempo la imposibilidad de respetar los contratos de deuda por parte dek país del mundo con más dinero del extranjero en sus arcas. El análisis de los prestamistas forzaba al gobierno austral a incrementar la tasa de interés ofrecida para no detener el flujo de la deuda.

Para diciembre de 2001, el segundo consentido de la globalización caía en desgracia (el primero fue México), al no disponer de los dólares para honrar las acreencias y soportar la convertibilidad. Una respuesta inédita se produjo: imposibilitar a los ahorristas el sacar su dinero guardado en la banca. El «corralito», le llamaron. En ese momento las puertas del infierno se abrieron ampliamente y los demonios se tomaron la nación. Fernando de la Rúa, quien como senador hizo apologia del golpe a Eva Perón en los setenta y quien en 1999 triunfó en las elecciones presidenciales contra Eduardo Duhalde al prometer cuidar la paridad monetaria (su contrincante anunciaba la necesidad de acabar el sistema para poder crecer), abandona en un helicóptero (un deja vu de lo vivido con Alfonsín en 1989) la casa presidencial, consecuencia de la gravísima crisis económica sufrida. La muchedumbre expresó su descontento en populosas manifestaciones frente a la Casa Rosada, donde las muestras de frustración evolucionaron a expresiones de enojo con acciones violentas y fatídicas.

Argentina fue el escenario de un apocalipsis político. Tres presidentes en menos de un mes, el default más grande declarado en la historia, 21.000 muertos por paros cardiacos y ataques en estrados judiciales del mundo entero por parte de acreedores reclamando sus ganancias. Lo normal es que, en un evento de congelación de pagos, los prestamistas se dividan en tres grupos: los tenedores de bonos urgidos por capital, quienes proceden a vender sus activos a descuento; sus compradores, quienes son ahora los nuevos obligacionistas del país; y, por último, aquellos que mantienen sus derechos sobre la nación a la espera de una renegociación.

Tras el arribo de Nestor Kirchner al poder político en 2003, arranca con éxito el proceso de reestructuración de la deuda, sellando acuerdos de pago con el 76% de los acreedores, quienes aceptaron una quita y una reducción de los intereses. Ya con Cristina Fernández en la presidencia, una segunda convocatoria a los obligacionistas se perpetra, en 2010, y concluye con una aceptación de la misma oferta por parte de otro 16%, alcanzando así un acuerdo de pago con el 92,4% de los acreedores del default. El restante, aquellos que se deciden mantener afuera de la negociación, son los que la jerga técnica denomina hold outs.

En el capitalismo las quiebras y renegociaciones son esenciales y su regularidad ha consolidado un mecanismo de funcionamiento propio. En épocas previas al default, los mercados comprenden que el país atraviesa dificultades financieras. Los gobiernos urgidos por capitales extranjeros ofrecen altas rentabilidades a los prestamistas como incentivo. Aquellos sin aversión al riesgo aceptan las condiciones del juego: una alta rentabilidad, pero asumiendo la posibilidad de que el país adeudado entre en cesación de pagos. Esa mayor tasa de interés, esas ganancias extraordinarias, en caso de default, se transforman en un ingreso compensatorio y, el acreedor sabe, deberá asumir una reducción de sus ingresos. Esas reglas del juego tácitas permitieron a los presidentes Kirchner y Fernández pactar con la inmensa mayoría de los obligacionistas la eliminación de 32.000 millones de dólares de la deuda.

Desgraciadamente los fondos buitres se inmiscuyeron en el proceso al adquirir, en 2008 y con un inmenso descuento, un mínimo porcentaje de los bonos en condición de hold outs.

_{La metáfora del buitre remite a que su estrategia, cuando se trata de
deudas soberanas, se basa en esperar a que la economía de algún país entre en
crisis y no pueda afrontar sus deudas para, en ese momento, lanzarse en picada a atacar a su presa moribunda adquiriendo bonos públicos devaluados a bajísimo valor y luego, con demandas judiciales y mediante distintos métodos de presión -que van desde embargos, operaciones de lobby y campañas de prensa desprestigiando a los Estados deudores-, forzar a los gobiernos a pagarles el valor total de los instrumentos adquiridos más los intereses}.

_{Alejandro Fridman}

Es en ese acto de la historia donde hace aparición el inescrupuloso Paul Singer, a la par de un personaje siniestro y macabro, el multimillonario Kenneth Dart. Singer inicia una andanada de demandas en contra de la Argentina, esperanzado que su accionar le permtiera expoliar al país con una ganancia extraordinaria. Pero, su misión enfrentaba una contrariedad: el Estado latinoamericano había salido triunfante de las querellas hasta ese momento interpuestas en su contra, pues el principio de inmunidad soberana protege los bienes públicos de un Estado al considerarlos inembargables Siendo este un principio reconocido por Estados Unidos, las iniciativas instauradas con fueron todas denegadas por las instancias judiciales de la potencia. Un acreedor difícilmente tiene otra opción a esta pues, desde la aparición de la Doctrina Drago, la ley internacional impide el uso de la violencia como mecanismo para el reclamo de deudas.

Pero, parafraseando al Cardenal Richelieu, en derecho internacional quién tiene la fuerza, posee la razón. Que la historia sirva de lección: en 1988 Elliot Management demandó a Perú exigiéndole honrará el pago de los bonos adquiridos con intenciones especulativas. Los papeles fueron presentados ante un juzgado en Nueva York, territorio donde aplicaba la Doctrina Champerty, dogma que señala a las compras de bonos con intenciones no de negociar y sí de demandar al deudor, como unas de carácter ilegal. El jurado falló a favor del país sudamericano pues evidente era que el fondo había actuado acorde a lo prohibido. Pero Singer no acepta una negativa por respuesta: apeló y una segunda instancia a él le otorgó la razón. En 2004, como denunció Joseph Stiglitz, el cabildeo de los buitres concluyó en uso limitado de la Doctrina Champerty, al solo abarcar compras de bonos de deudas inferiores a 500.000 USD. Virtualmente, inservible para todo caso de deuda pública.

Al enfrentarse a un marco legal establecido inservible para su intención, Singer transgrede el ordenamiento jurídico de nuevo, siendo su títere en esta oportunidad el infame Thomas Griesa. Para el impartidor de justicia, la cláusula Pari Passu, escrita sobre todos los bonos, obligaba a que Argentina no pagará un centavo más a los acreedores con los que el país había acordado una reestructuración, sin antes haber cancelado la totalidad de lo adeudado a los demandantes: los buitres. Lo relevante acá es que, esa relectura, fue considerada por el mundo entero como una ridícula y acomodada a las necesidades de los especuladores.

A la par de ser esta una evidente interpretación inconcebible de la cláusula, de aplicarse lo leído bajo esa visión, un problema máximo para la economía mundial se desencadenaba: nunca más una reestructuración de una deuda, ni privada ni soberana, sería posible. La razón era obvia: ¿quién aceptaría una reducción en sus pagos si primero, siempre, habría que cancelarle la totalidad del dinero a aquellos sin aceptar renegociar la deuda? Todos los acreedores, siempre, se mantendrían en la posición de hold outs. Y, para aquel momento, había en juego 900 mil millones de dólares en acuerdos de deudas no pagadas, en la economía planetaria. El desastre se proyectaba amenazante en el horizonte.

Más aún, financieramente, la sentencia era una de imposible cumplimiento: Argentina, de obedecer el mandato judicial, se vería abocado a transferir, primero: 1.500 millones de dólares a los demandantes, quienes representaban menos del 1% de los acreedores. Pero, como era evidente, inmediatamente después se vería forzada a pagar a todos los demás, todo lo no egresado verbigracia de las reestructuraciones ya acordadas. La cantidad a desembolsar en ese caso al 99% faltante era la impagable cifra de 500.000 millones de USD. Como referencia: en Europa, solo Suiza cuenta con una mayor cantidad de reservas internacionales.

Argentina, con valentía, entró en desacato. Sin importar la imposición, envío al Bank of New York Mellon (BonY) los 500 millones de dólares destinados a cancelar los pagos de los bonos reestructurados, más, sin embargo, el fideicomitente estaba imposibilitado a entregar los dineros por la ordenanza del juez. ¿Cómo un juez y unos fondos buitres establecen una demanda de imposible cumplimiento? Las sospechas de Axel Kicillof en ese contexto parecen muy acertadas: acorde al ministro de Finanzas de la presidente Fernández, todo era nada más que una operación de sicariato económico: el objetivo detrás de la estratagema era adueñarse, a través de un intercambio de activos por una deuda impagable, del yacimiento petrolero y gasífero Vaca Muerta, aquel que, para febrero de 2012 se le habían recalculado sus reservas, pasando de los conocidos 700 millones de barriles de petróleo, a unos 22.000 millones recién descubiertos. La deuda como mecanismo de expoliación parece ser será una eterna maldición.

Por la consecución de tal Dorado, todo era válido. En un viaje de reparación del avión presidencial de Argentina a los Estados Unidos, el fondo buitre trató de efectuar un embargo durante el parqueo de la máquina en el país del norte. En una visita presidencial a Italia, la primera mandataria de los argentinos debió guardar el Tango 01 en Marruecos y alcanzar su destino en un vuelo charter, por miedo a sufrir un embargo en tierras europeas. Para ambos casos, el principio de inmunidad soberana prevaleció y el Estado conservó sus activos.

Pero, en una visita de la fragata Libertad a Ghana, una demanda del fondo surtió efecto y logró que el poder judicial del país africano embargara la nave de guerra. Un incidente diplomático internacional se desató al momento de la tripulación negarse a obedecer la orden; pero por fortuna todo fue un inconveniente que no pasó a mayores. La disputa se dirimió en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, instancia que, por unanimidad, concedió la razón al país sudamericano y ordenó la liberación inmediata de la embarcación.

El ataque de los buitres fue inmisericorde hacía Argentina; pero el gobierno de Fernández hizo respetar su soberanía. Ni ella, ni su más poderoso aliado en esta lucha, por un solo instante se acobardaron. Con dos geniales e incontestables presentaciones de Kiciloff sobre todo el entramado, una en la embajada de Washington y otra en la Organización de las Naciones Unidas, el ministro convenció a los países de secundar una resolución del máximo organismo multilateral, en su máxima instancia, la Asamblea General, enfocada en controlar el accionar de los buitres en el ámbito internacional. Los representantes del G77 más China estamparon sus firmas en ese texto, mismo documento en el que no se encuentran los nombres de los representantes de Estados Unidos (Nueva York), Alemania (Frankfurt) e Inglaterra (Londres). El escrito es explicito en su reglamentación: si una mayoría de acreedores se acoge a la solución de reestructuración ofrecida por un deudos sobre una deuda en default, la minoría no puede hacer uso de los tribunales ordinarios como medio para forzar pagos en valores nominales. El documento de la O.N.U. imposibilitaba la caza de los buitres, propiciando su expedita extinción.

La resolución de la O.N.U. era el último acto y el triunfo de una gesta heroica, valerosa y épica. Debería haber sido también inmarcesible. Pero por algo Dante, en su inmensa sabiduría, sentencia a los traidores al noveno circulo del infierno. Paul Singer, antes se advirtió, jamás acepta un no como respuesta. Derrotado por la dama y su escudero, habría de apostar por un Claudio argentino. Mauricio Macri, quien parece ser recibió 2.5 millones de dólares de Singer como donación para su campaña, habría de pagar a los buitres la indescriptible cantidad de 9 mil millones de dólares, cometiendo un acto de traición a la patria digno de castigos ejemplares. 9 mil millones de dólares que demuestran que Argentina, como toda América Latina, no es pobre, sino que es saqueada.

Acá la historia de la épica batalla entre la República de Argentina y los fondos buitres, una lucha a muerte en la que se definía la existencia misma del país sudamericano.

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