“Estados Unidos no tiene amigos, sólo intereses”, es una sentencia pronunciada por el Secretario de Estado del mitificado Dwight Eisenhower, John Foster Dulles. Se recuerda hoy ella, más que nunca, porque debería ser ya toda una institución consolidada en las relaciones internacionales, un prisma por medio del cual descifrar el voluble comportamiento de la potencia hegemónica de nuestros tiempos. En el caso Odebrecht, por citar uno ampliamente recordado, desestabilizador de gobiernos a lo largo y ancho de América Latina, la comunidad política y periodística de la región ha visto en el accionar del Departamento de Justicia del vecino del norte no a un imperio en ciernes luchando por sus intereses, sino a un amigo desinteresado en aras de ayudar.

“Estamos frente a un muro de legislación estadounidense extremadamente complejo, cuya intención precisa es utilizar el derecho con fines de imperium económico y político, con la idea de obtener ventajas estratégicas y económicas”. La frase, pronunciada por el diputado francés Pierre Lellouche en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Finanzas de la Asamblea Nacional de París, es la cita con la que inicia el escritor Jean-Michel Quatrepoint su cabal explicación de cómo, desde los años setenta, se ha venido creando un arsenal jurídico de inmenso poder en nuestro vecino del norte, puesto al servicio de sus grandes corporaciones, a través del que se multa, acusa y destruye a sus competidores, quienes a raíz de esas acciones judiciales terminan en bancarrota y adquiridos por empresas norteamericanas.

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