La majestuosidad otorgada por los miembros del uribismo a su líder supremo brota de dos pilares supuestamente establecidos durante su gobierno de ocho años: el crecimiento económico acaecido en su gestión y el incremento en la seguridad nacional percibida por los ciudadanos. Es imposible discutir con las experiencias personales, los sentimientos producidos, las circunstancias vividas; incluso cuando la realidad indica lo contrario. Ellos aseguran así fue; pero yace ahí el debate: el gobierno de Uribe, tan enquistado en un pedestal por los suyos, se derrumba por completo al confrontarlo con los datos y las comparaciones internacionales. Más todavía, fue él un gobernante que en su andar hacía la Casa de Nariño se topó con un billete de lotería ganador, uno cuyo premio despilfarró durante su mandato. Por supuesto, a simple vista o, mejor, a una mirada simplista, la ilusión de riqueza desatada por el gasto es un recuerdo añorado y más aún cuando la resaca posterior a la fiesta no es asumida por el irresponsable parrandero.
Cualquier argumento sobre los hitos en seguridad alcanzados por la política de la “seguridad democrática” del conservador gobierno se difuminan hasta desvanecer con cada palabra pronunciada por los militares retirados en el marco de sus confesiones frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal funcionando como una comisión de la verdad sobre el conflicto armado colombiano. Los relatos de las figuras castrenses concluyen cualquier debate: sí, existió una política de Estado encaminada a mostrar el asesinato de civiles como miembros del enemigo caídos en combate. En una democracia, la cadena de mando militar finiquita en el presidente. Más aun en Colombia, país cuya carta magna claramente indica que es ese funcionario el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Se dictamina entonces que, el responsable político directo del genocidio causado en Colombia es nadie diferente a Álvaro Uribe Vélez. Querer eximirlo de su responsabilidad por no haber cometido un asesinato directamente o por la falta de pruebas contundentes demostrando que él impartió la orden, es tan ridículo como no otorgarle los triunfos militares a un presidente por, él mismo, en su persona, no haber pisado el campo de batalla.
Además de lo imperdonable, la política implementada no compagina con la narrativa sustentada por gobiernos y medios alfiles al régimen. ¿Por qué habría de asesinarse jóvenes inocentes por parte de la Fuerza Pública si la ofensiva militar venía destruyendo al enemigo? ¿Qué necesidad de tal acto habría en tal escenario? No hay respuesta coherente. No era un genocidio cometido por soldados para reclamar recompensas, era uno desarrollado por las altas cúpulas para legitimar una guerra que no tenía cómo mostrar resultados verdaderos, a pesar de los billones gastados en ella por la nación. La realidad es dolorosa para los seguidores del expresidente: durante los años de Uribe no se estaba derrotando a la guerrilla de las F.A.R.C. Más cercano a la realidad parecen los análisis de Camilo Echandia y Eduardo Bechara, quienes examinan la respuesta de la guerrilla a la avanzada del ejército colombiano como una adaptación a la nueva realidad bélica, una respuesta táctica por la inserción de Estados Unidos en el conflicto a través del Plan Colombia, vigorizando con recursos, armamento, equipamiento y asesoría técnica al ejército nacional.
Para los profesores de la Universidad Externado, durante la era Uribe hubo un forzamiento de la guerrilla a “perder la iniciativa en la confrontación armada mientras que la Fuerza Pública la había recuperado”. En ese escenario de guerra, “la subversión modificó sus estrategias y tácticas para hacerse menos vulnerable”. Así, lograba evadir “el enfrentamiento directo con las Fuerzas Militares y privilegió las acciones propias de la guerra de guerrilla cuyo propósito es desgastar progresivamente al gobierno”. El genocidio causado y antes analizado es una manifestación de ese desgate. Concluyen ambos académicos diagnosticando que “los grupos guerrilleros decidieron posponer su objetivo de lograr el control territorial para buscar, en cambio, el control de posiciones estratégicas que garantizaran su supervivencia”. Las palabras de Echandía y Bechara rememoran a las del gran maestro oriental en al arte de la guerra. “Cuando los adversarios están en posición favorable –aleccionaba Sun Tzu-, debes cansarlos”. La lección fue aplicada con precisión por la guerrilla en ese escenario. La disminución de enfrentamientos contraía menores bajas y, de ahí, la necesidad del horrendo crimen.
El insoportable dolor de perder un hijo en tan inconcebibles condiciones es un precio demasiado alto por pagar, incluso si el beneficio entregado fuera la paz de un país entero. El hecho de que tal crimen se haya perpetrado con objetivos tan viles debería enterrar al uribismo en los más oscuros anales de la historia, no a tenerlo con vida en las carreras presidenciales. Alemania legó el nazismo a la humanidad; pero jamás lo reeligió. Porque es obligatorio medir los costos a soportar por una política pública y la única pregunta a realizar por parte de los tomadores de decisiones debería ser: ¿soportaría yo mismo esa carga por el bien general? En el caso del genocidio en Colombia, bautizado como “los falsos positivos”, absolutamente nadie respondería con un afirmativo a la pregunta.
Si Uribe Vélez no es el estratega militar soñado por sus fieles votantes, mucho menos es el estadista visionario impulsador de la economía que sus apologetas creen que es. Así como heredó de Andrés Pastrana los cimientos sobre los que se movería militarmente (Plan Colombia), también obtendría de su antecesor la estructura legal sobre la que giraría la economía (Código de Minas de 2001). Con la ley 685 de ese año, Colombia le ofrecía todas las garantías habidas y por haber al capital internacional para explotar las riquezas nacionales halladas en el subsuelo. En su momento como primer mandatario, Uribe transformó al país en gran exportador de carbón; pero no como resultado de su gestión, sino en respuesta a la creciente demanda de China, sedienta del mineral para alimentar a su poderoso aparato productivo. No impulsó la estructura legal de la oferta y mucho menos jalonó la demanda.
Andando por ese mismo camino, Uribe se encontró otro tesoro: el petróleo. El hidrocarburo alcanzó precios inesperados durante sus dos periodos de gobierno. Pero, y en forma de tragedia para su legado, es de recordar que a quién más se le debe esa alza es a su enemigo jurado, el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, quien, desde su cargo como mandatario de uno de los países con más reservas en el mundo, sí afectó los dos lados de la economía.
Recién posesionado en el Palacio de Miraflores, Chávez entabló una larga gira con los principales representantes de los países miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo, la O.P.E.P., unos indeseables para la siempre bondadosa civilización occidental. Y su gestión haría de su deseo una realidad: el cartel renació con ímpetu. Ahí logró imponer un fuerte control sobre la demanda. Para cuando Estados Unidos invadió Irak en 2.003, la potencia del Atlántico Norte proyectaba repetir lo realizado con Venezuela en la Guerra del Golfo de 1.991 y que, adicional, se espera lograr en 2.022 en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania: incrementar la producción del país caribeño como medida para evitar un shock de la oferta que aumentara los precios del petróleo. A tal petición se rehusó Hugo Chávez en 2003, siendo no solo coherente con su discurso, sino que, además, desde su posición, impulsó a la O.P.E.P. a secundar su postura. Ahí impuso una cota a la oferta.
Uribe, al contrario, como jefe político de un país favorable a la invasión de Irak, estableció todos los marcos legales posibles para aumentar la exploración y explotación de petróleo en su subsuelo, todo bajo el nombre de la famosa “seguridad inversionista”. Así, no solo no ayudó a incrementar el precio de su bien de exportación más preciado, sino que, además, posiblemente, veló por los intereses de los Estados Unidos y actuó a favor de detener su exponencial crecida. Es así que queda muy difícil, y hasta patético, adjudicar al líder del uribismo algo de mérito por los excelentes ingresos conseguidos por sus dos productos de exportación más rentables. Si es, por el contrario, el principal responsable del manejo a esas divisas otorgado y ahí, la comparación internacional barré toda posible defensa de su gestión.
El gran temor de los uribistas es que “Colombia termine como Venezuela”, pues es muy de su apreciación creer que su país está en un grado de desarrollo muy superior al alcanzado por su vecino. Pero las cifras emiten realidades diferentes: en 2002 Álvaro Uribe Vélez recibió un país con un Producto Interno Bruto (P.I.B.) de 103.000 millones de dólares. Para 2010, cuando abandona el gobierno, deja su cargo con un PIB en 216.000 millones de dólares. En 2002, Hugo Chávez Frías manejaba una economía con un PIB de 101.000 millones de dólares y, para 2010, este indicador se había incrementado hasta los 240.000 millones de dólares. Imposible discutir con los datos: en el tema económico, Chávez superó a Uribe, eso a pesar de sufrir dos intentonas golpistas apoyadas por los Estados Unidos.
A pesar de manejar unos ingresos portentosos e imprevistos, Uribe Vélez duplicó el tamaño de la deuda pública: recibió acreencias por un total de 38.000 millones de dólares y asumió otras hasta acumular 64.000 millones de dólares. Chávez, al igual que Kirchner en Argentina y Lula en Brasil, anticipó los pagos al Fondo Monetario Internacional y borraron las deudas con ese organismo. Rafael Correa, por su parte, anuló los pagos de la deuda externa posteriormente a la realización de una auditoria de sus obligaciones, permitiendo declarar a esta odiosa y generando ahorros de 3.000 millones de dólares, cada uno de ellos claves para el éxito de su primer periodo como gobernante. Gracias a la renegociación de los contratos petroleros, Correa incrementó los ingresos por ese rublo recibidos y se consolidó, según el Boston Consulting Group, como el país que mejor manejó la bonanza petrolera en todo el mundo. El resultado: duplicar el P.I.B. de su país.
“Muéstreme una sola vez que la izquierda haya funcionado en el mundo”, es la cantaleta reiterativa de los uribistas al defender la elección de gobiernos de derecha, obligatoriamente. Pero para aquel limitado de vista, el mundo es tan grande como el universo. La Argentina por los Kirchner recibida, en 2.002, era una con un P.I.B. de 119.000 millones de dólares y para 2010 era ya una de 320.000 millones de dólares. Más impresionante todavía fueron los años de Evo Morales en Bolivia, quien en una década hizo crecer su P.I.B. un 327% y, en el manejo de la deuda, transformó su economía de un deudora a una acreedora. Brasil, bajo el mando de Lula, vivió una completa revolución, con una política orientada a “conseguir y acentuar el sostenimiento de los niveles de demanda a partir del aumento del salario mínimo y de las transferencias sociales, la suba del gasto público y facilidades de crédito para el consumo y para la producción”, como bien recuerda el profesor Pierre Salama. Esa política económica convirtió a los cariocas en referentes a nivel global y dejó a su primer mandatario con una aprobación del 80% finalizando su segundo mandato.
Así, no solo hay gobiernos de izquierda funcionales a las necesidades de sus países, sino que los cuatro de Sur America más reconocidos por estar dominados por esa tendencia y que, por momentos, coincidieron con el de derecha de Uribe Vélez, fueron notoriamente más exitosos que el suyo. En el caso de los heterodoxos, adicional, con una prensa encima ensañada en tergiversar todas sus iniciativas, mientras que, en el caso del colombiano, el comportamiento de los medios masivos era indistinguible del de la oficina de prensa de la Casa de Nariño
Será la historia quién dé su lugar a quién sin dudas es el político más importante de Colombia en lo que va de milenio. Pero algo se puede preveer, pues el pasado indica siempre un destino trágico para los títeres de Estados Unidos en su lucha contra la izquierda global. Un virtual desconocido en el año 2.001 para la mayoría de sus connacionales, arrancó una campaña presidencial metéorica capaz de catapultarlo hasta el máximo poder público nacional al año siguiente, después de convencer a un número sin antecedentes de compatriotas de marcar la balota con su nombre. Tal hazaña insinua poderosas manos detrás. Y usando la historia como herramienta de análisis, es lógico a quién apuntar con el dedo acusador: sería Álvaro Uribe otro presidente puesto por Washington en su lucha contra su enemigo más detestado: los gobiernos ligados al socialismo. En este caso particular, el colombiano tendría como función servir de parteaguas para detener la marea roja bolivariana destada por su vecino.
Explicaría, tal tesis, la irracional cercanía y obediencia del gobierno de Uribe con los Estados Unidos durante sus años a cargo de la política colombiana (fumigaciones con glifosato cancerígeno, la firma de un pésimo Tratado de Libre Comercio, instalación de bases militares en el territorio nacional); y, también, las dolorosas medidas tomadas contra su propio pueblo (descomunal programa de flexibilización laboral, incremento de impuestos a las clases medias, expropiación de terrenos baldios a favor de grandes magnates y contra los campesinos, privatizaciones empobrecedoras de la riqueza pública).
No debería causar sorpresa que la salud y la educación pública, el empleo, la inequidad, el medio ambiente, todo se haya deteriorado en los ocho años en que Uribe fue el inquilino de honor en la Casa de Nariño. Mientras los indicadores sociales y macroecónomicos eran dignos de admiración en el resto del continente, en Colombia los primeros se pauperizaban y los segundos conseguían cifras similares, aunque un poco peores que las de sus opositores ideológicos y vecinos. Puede que para muchos Uribe sea el «gran colombiano»; pero todo indica la historia lo recordará como el gran traidor.
Puede que para muchos Uribe sea el «gran colombiano»; pero todo indica la historia lo recordará como el gran traidor.
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